La multinacional SAP, de origen alemana, con operaciones en América Latina, es centro de atención por un nuevo escándalo, esta vez en Costa Rica. La Contraloría de este país a finales de febrero le negó el permiso al Banco de Costa Rica (BCR) para adjudicar un contrato por más de 10 millones de dólares de forma directa por irregularidades en el proceso de contratación y por los supuestos sobornos que involucran a la desarrolladora de software en el exterior, particularmente en Panamá. La Contraloría Costarricense consideró que, en este caso, no se justifica la contratación sin llevar a cabo un proceso de licitación pública, razón por la cual decidió frenar dicho proceso entre SAP y el BCR, especialmente a la luz de los procesos irregulares que involucran a la empresa desarrolladora de software, en otros países.
Una situación igual de inquietante se presentó en el mes de marzo en México, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó al Servicio de Administración Tributaria investigar a la filial de SAP en México por presuntas irregularidades en el contrato con Petróleos Mexicanos (PEMEX), ya que según investigaciones, de las 107 facturas vinculadas al contrato, se identificó que 62 de ellas se cancelaron por el prestador del servicio (SAP-México), ya una vez pagadas por la petrolera.
En agosto de 2015 en Panamá, el ex Director Regional para América Latina de la compañía alemana, Vicente García, se declaró culpable por pagar sobornos a funcionarios de dicho país, para asegurar la adjudicación de cuatro contratos a SAP por servicios y soluciones tecnológicas con el gobierno del país centro americano. El caso más conocido es el de la Caja del Seguro Social por más de 14 millones de dólares. Al igual que el caso de Odebrecht, fue el FBI y la Comisión de Valores, SEC (por sus siglas en inglés), quienes investigaron y denunciaron las irregularidades por violación de la ley de prácticas de corrupción (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). En diciembre de 2015, Vicente García fue condenado a 22 meses de prisión en Estados Unidos y SAP aceptó pagar una penalidad de US$3.7 millones a la SEC.
Por otro lado en Chile, a la multinacional alemana se le atribuyó la caída de hasta el 83% de los resultados de la compañía de Energía CGE en el 2011, ya que hubo electricidad que se consumió en la red, pero no se facturó por problemas en el sistema de SAP, encargado de este proceso crítico para dicha compañía. Esta situación impactó negativamente el patrimonio del grupo energético y la rentabilidad de la empresa, tanto así que en su momento los medios chilenos llegaron a estimar que la deficiente implementación del sistema SAP le habría significado pérdidas a CGE por US$ 280 millones.
En el territorio colombiano la situación es similar. En 2014, la Gobernación del Valle del Cauca reportó problemáticas con los sistemas de SAP, particularmente frente a las falencias en términos de seguridad, relacionadas con un detrimento de más de US$30 millones, donde se manipuló la liquidación de cuatro impuestos departamentales (Registro, Vehículos, Valorización y Estampillas). El Director Operativo de Control Fiscal de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, Jorge Quiñónez, afirmó que las auditorias anteriores a la denuncia habían advertido las falencias del sistema de información SAP, señalando que no era una plataforma competente, ni ofrecía seguridad, dado que se podía manipular.
En el caso colombiano, lo más inquietante es que según los balances anuales entregados a la Superintendencia de Sociedades, SAP ha reportado pérdidas durante 16 de los 17 años que ha estado operando en Colombia, lo cual contrasta con su éxito comercial. Estas pérdidas recurrentes han ocasionado que su patrimonio se torne negativo, razón por la cual la Superintendencia de Sociedades los ha requerido en varias ocasiones.
Si bien en Colombia y en América Latina se estimula la inversión extranjera y las multinacionales son en general bienvenidas, también, es necesario que los gobiernos y entidades públicas evalúen el comportamiento de compañías como SAP, con el objetivo de mantener un balance positivo en términos de su impacto sobre la construcción de una cultura de ética empresarial y su verdadero aporte al desarrollo económico de cada país.
Por: Redacción SAP
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