Bogotá, Agosto de 2021.- El congreso de la República, en su exposición de motivos de la Ley 2099, reconoció la transición energética como "un cambio estructural a largo plazo en los sistemas energéticos", que responde básicamente al agotamiento de los combustibles fósiles; y sobre todo, a la degradación socioambiental a la que su uso contribuye, que "ha hecho comprender la necesidad de una profunda revolución energética".
Avanzar en dicha transición es el escenario a través del cual el país podrá lograr a futuro la descarbonización que resulta tan urgente, para hacer frente de manera adecuada a la crisis ecológica. Además, Colombia tiene el deber legal de cumplir con ciertas obligaciones en materia de reducción de emisiones de dióxido de carbono (y otros gases de efecto invernadero) y de mitigación del cambio climático, bajo el Acuerdo de París de 2015, aprobado internamente mediante la Ley 1844 de 2017.
Según Mariana Villegas, asociada del área de Energía, Minas e Infraestructura de Baker McKenzie, Colombia cuenta con una normatividad favorable, “la ley 2099 de 2021 reafirmó el carácter prioritario del desarrollo de proyectos basados en energías renovables no convencionales, como una de las estrategias centrales para impulsar la transición. Dicha ley mantuvo los incentivos previstos en la Ley 1715 de 2014 y sus decretos reglamentarios, y adicionó el hidrógeno (verde y azul), a raíz de lo cual los proyectos basados en estas fuentes podrán ser desarrollados por los inversionistas interesados con el derecho a acceder a los beneficios tributarios, arancelarios y contables”.
Estos mecanismos, le generan para el país oportunidades de inversión en proyectos de generación de energía con base en fuentes no convencionales de energía renovable, una de las más relevantes corresponde a la subasta de contratos de energía a largo plazo que se llevará a cabo en octubre de 2021 (Subasta CLPE-03 de 2021), en desarrollo de las directrices fijadas por el Ministerio de Minas y Energía en 2019. Aunque Colombia tiene un gran potencial, el desarrollo de este tipo de proyectos no ha sido tan acelerado, dada la alta dependencia de la matriz energética en los combustibles fósiles, y eléctrica en los grandes proyectos hidroeléctricos.
Sin embargo, “desde de la entrada en vigencia de la ley 1715 de 2014 y su reglamentación, junto a otras normas, el desarrollo de proyectos basados en fuentes no convencionales de energía renovable ha ido despegando y creciendo de manera constante, y el Gobierno Nacional espera que para el 2022 Colombia aumente 50 veces su capacidad instalada de generación de energía solar y eólica”. asegura Villegas.
Según la asociada, para que este aumento sea posible y eventualmente se supere, resultan cruciales los incentivos tributarios, arancelarios y contables ya existentes, de la mano de mecanismos como el de la subasta de contratos de energía a largo plazo para proyectos de energías renovables y expansiones o refuerzos en los sistemas de transmisión de electricidad a los que se conectarán los nuevos proyectos.
De otro lado, la admisión de Colombia como miembro de la Agencia Internacional de Energía (IEA) constituye, un paso importante en el reconocimiento del país, a nivel internacional, como nación dotada de una normatividad robusta y favorable al desarrollo de proyectos de generación basados en fuentes no convencionales de energía renovable. Sin embargo, “el principal beneficio está asociado al probable incremento en la intención de inversión y desarrollo de proyectos de este tipo dentro del país, dado que los inversionistas podrían recibir la noticia como una señal de estabilidad regulatoria, de potencial y de oportunidades de desarrollo”, concluyó Mariana Villegas.
Finalmente, como miembro de la Agencia Internacional de Energía (IEA), Colombia será parte de discusiones internacionales relevantes en materia de transición energética, pudiendo participar activamente en la formulación de políticas y beneficiarse de experiencias de otros países más avanzados en la materia.