- Los editores de contenidos educativos de Colombia cuentan con los recursos humanos y tecnológicos para apoyar y acompañar el proceso de formación de los estudiantes del país de manera integral.
- El 50% de los niños menores de 10 años en América Latina y el Caribe, no tienen las competencias necesarias para comprender un texto sencillo (UNICEF-PNUD en agosto de 2020 “COVID-19 y educación primaria y secundaria: repercusiones de la crisis e implicaciones de política pública para América Latina y el Caribe”).
Bogotá, noviembre de 2020. La pandemia ha presentado innumerables retos para el sector educativo, específicamente en Colombia, en donde hay aproximadamente 10 millones de estudiantes matriculados en preescolar, primaria y básica secundaria, de los cuales el 81% están matriculados en colegios públicos (MEN, 2018) y el 96% de los municipios del país no tiene acceso suficiente a internet o a un computador (ICFES, Examen Saber11, 2018), la situación requiere un tratamiento especial por parte de las instituciones de Estado, no solo para enfrentar lo que está pasando, sino las consecuencias a mediano y largo plazo para estudiantes y en general, para toda la comunidad académica.
La brecha educativa entre lo público y lo privado, en la cual los estudiantes de los colegios oficiales obtienen en promedio menor puntaje global que los colegios privados en la prueba requisito para la entrada a la educación superior (ICFES, Examen Saber 2019), requiere medidas inmediatas por parte de las instituciones estatales, no solo en materia de cobertura sino también de acceso a los nuevos canales de comunicación, también frente a los contenidos del material educativo que llega a las manos de los estudiantes.
El sector editorial colombiano, específicamente los editores del sector de educación cuentan con las herramientas para acompañar al Gobierno en la estructuración de los cambios que requiere el sector educativo, para garantizar el acceso integral de los materiales y recursos a los estudiantes. En los últimos cinco años, el sector editorial ha vivido grandes transformaciones, que hoy se ven reflejadas en nuevos entornos de formación que incluyen, además, nuevas metodologías accesibles a los estudiantes y maestros y, por supuesto, un acompañamiento formal por parte de expertos, quienes desde distintas áreas del conocimiento están preparados para guiar los procesos de formación de toda la comunidad educativa.
En el documento publicado por UNICEF-PNUD en agosto de 2020 “COVID-19 y educación primaria y secundaria: repercusiones de la crisis e implicaciones de política pública para América Latina y el Caribe”, si bien resaltan las acciones tomadas por los gobiernos para enfrentar la crisis a partir del cierre de las escuelas desde marzo de 2020, también hacen un llamado urgente para que esta sea la oportunidad de consolidar un sistema educativo sólido, que permita el desarrollo integral de los estudiantes; lo cual solo se puede lograr formalizando esquemas de aprendizaje en esta “nueva normalidad”, “hay al menos tres acciones que deben considerar los gobiernos para evitar la deserción y asegurar que los estudiantes continúen su proceso educativo: seguimiento a estudiantes, campañas de regreso y conexión con la escuela, y eliminación de barreras económicas”.
Estas acciones requieren, que a mediano plazo se puedan implementar estrategias que garanticen el acceso a los contenidos de calidad. Los denominados “paquetes educativos” con acceso a esos contenidos (digital, radio, televisión o impresos) que permitan interacción y retroalimentación por parte de los maestros, deben ajustarse a las necesidades de la población en cada territorio.
Es imperativo consolidar rutas de aprendizaje articuladas entre los editores, pedagogos y demás equipos interdisciplinarios para que los estudiantes reciban materiales y recursos educativos de calidad, adecuados a sus necesidades. La edición educativa cuenta con equipos interdisciplinarios especializados en distintas áreas del conocimiento.
En 2019, en Colombia, la industria editorial facturó 798.838 millones de pesos de los cuales 33,4% correspondían a libros didácticos categoría en la cual se encuentran los textos escolares, los libros de interés general con un 38,3%, los del subsector Técnico y científico con un 21,4%, y el subsector religioso con un 6,9%.
A pesar de esto, las compras públicas de textos escolares no son significativas, pues en 2019 el monto alcanzó los 33 636 millones de pesos, comprados a la industria editorial. Este valor representa el 4.2% de las ventas del sector editorial, cifra muy distante del 40% y el 50% que representa la venta de la industria editorial al Estado en otros países de América Latina. Según la Unesco, “la cantidad de dinero que un país destina a materiales y recursos didácticos es un buen indicador de su compromiso de ofrecer una educación de calidad para todos”, lo cual reitera UNICEF-PNUD en el documento “COVID-19 y educación primaria y secundaria: repercusiones de la crisis e implicaciones de política pública para América Latina y el Caribe”: se debe asegurar la disponibilidad de textos y materiales educativos necesarios para continuar con los procesos de aprendizaje. Esto es especialmente importante para los estudiantes más pequeños, que requieren de materiales para escribir, colorear y manipular. En la medida en que se reabran las escuelas, estos materiales se podrán entregar en los momentos de presencialidad. De lo contrario, se hace necesario planear para enviar materiales a los hogares, como lo han hecho varios países durante la emergencia, puntualiza.
De igual forma, el más reciente informe realizado por Cepal – UNESCO “La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19”, señala “es central que las políticas de promoción de un acceso más igualitario a la tecnología comiencen por reconocer estas diferentes dimensiones que estructuran las desigualdades sociales en la región y trabajar intencionalmente para revertirlas”, esto pone de manifiesto la necesidad de entender el proceso educativo en un escenario multidimensional sobre el cual ejercen acciones distintos actores, que en suma, constituyen un eje transversal en el proceso. De ahí la importancia de reconocer los recursos educativos, como pilares fundamentales para la educación.
Recientemente, en el mes de agosto, por solo mencionar un caso puntual de la región, el gobierno mexicano realizó la entrega de 161 millones de textos escolares, para los 36 millones de estudiantes que cobija la educación pública en este país. Esto, aunque no es novedad en México, ya que es una política pública que el gobierno dote de textos escolares a toda la población estudiantil, si llama la atención debido a las particulares circunstancias de este año y a los retos que tuvieron que enfrentar para su entrega en todo el territorio.
Las cifras indican que “La mayoría de los países no cuenta con una estrategia nacional de educación digital, sobre la cual pueda desarrollarse un modelo de educación a distancia que aproveche las nuevas TIC” (“La educación en tiempos de coronavirus. Los sistemas educativos de América Latina y el Caribe ante el COVID19”, varios autores. BID). Esta es una oportunidad para que Colombia incursione en la innovación educativa partiendo de la experiencia de los editores, quienes tienen el conocimiento de las herramientas llevadas a la práctica educativa.
Para Enrique González Villa, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, ‘lectura’, ‘libro’ y ‘bibliotecas’ son palabras claves en la construcción de cultura y educación y para ello es indispensable que, desde el Gobierno Nacional, haya una política clara para la dotación de materiales y recursos educativos en las aulas. Estos meses nos han demostrado que los estudiantes deben contar de manera permanente con las herramientas necesarias, no solo en el aula, sino también en sus hogares. Esta es la oportunidad para que desde las instituciones públicas se tomen medidas para garantizar que todos los niños en el país cuenten con los recursos educativos básicos, que nos permitan cerrar esa brecha entre lo público y lo privado, que, con esta situación, no ha hecho más que incrementarse”.
Puntualizó, “asegurar la disponibilidad de textos y recursos educativos, debe ser una política de Estado, no solo para garantizar la equidad en la educación, sino porque es un camino sustentable para fortalecer el tejido social y elevar las competencias del recurso humano. No podemos seguir permitiendo que la brecha educativa siga creciendo”.
Fuente de redaccion Adriana Ángel Forero
Directora de comunicaciones
Cámara Colombiana del Libro