Desde Médicos del Mundo, la Red SaludPaz y el Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia lamentamos y condenamos el asesinato de líderes sociales que viene ejecutándose sistemáticamente en el país en los últimos años, y que recientemente se ha expresado en distintos lugares del país contra miembros de la comunidad Awá en Nariño, en La Macarena en el Meta, en el Cauca, Antioquia y en Norte de Santander, entre otros.
Según la JEP, al menos 904 líderes sociales han sido asesinados desde el 2016, a pesar de la firma del proceso de paz. Continúa con una amplia estela de violencia que afecta a las personas que están respondiendo por sus comunidades y territorios.
Las masacres, el desplazamiento forzado, las violencias sexuales y basadas en género, las amenazas, la tortura, el confinamiento y el uso de minas antipersonal y de otros artefactos explosivos, son las violencias directas más presentes en los territorios de las comunidades Awá en Nariño, La Macarena en el Meta y el Medio Atrato en el Chocó, según concluimos en el informe La Salud en el conflicto colombiano, presentado a la Comisión de la Verdad hace unos días. Pero también la violencia genera unos efectos indirectos que se manifiestan en una carga de enfermedad a largo plazo, afectando el goce efectivo del derecho a la salud de las personas.
Así como la JEP pide de manera urgente a la Defensoría del Pueblo que adopte una resolución defensorial en la que formule recomendaciones a las instituciones del Estado, con enfoques diferenciales y perspectiva territorial, y fije la hoja de ruta para detener esta tragedia humana, desde Médicos del Mundo, la Red SaludPaz y el Doctorado en Salud Pública de la UNAL recomendamos definir medidas y políticas efectivas frente a los impactos de la violencia y el conflicto en los territorios, que posibiliten el acceso a servicios de salud y garantice “el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”, como establece la Observación General 14 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
No se puede olvidar que el padecimiento de la violencia en el conflicto armado interno se ha manifestado en forma de sufrimiento, muerte, discapacidad física y psicosocial, malnutrición, mayor riesgo de contraer enfermedades transmitidas por vectores y su desatención, afectaciones en la salud mental, entre muchas otras maneras.
Los recientes asesinatos no son más que la muestra de un país que continúa en guerra, donde la única presencia del Estado es su cara militarista en varios lugares del territorio colombiano, cuando debería garantizar los derechos humanos interdependientes y de la naturaleza.
Lamentamos estos actos violentos y reclamamos justicia, para lograr un país donde se pueda vivir desde las territorialidades comunitarias, y trabajar en la defensa de los territorios y las comunidades, con salud y paz, para la preservación y el desarrollo de la vida, humana y no humana.