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Más de 239 mil víctimas de desplazamiento dejó la violencia en el departamento del Meta.
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El documento se centra en el análisis de la situación de la inspección de Puerto Toledo, municipio de Puerto Rico en el Meta, donde se evidencia uno de los mayores impactos negativos del conflicto armado en la región.
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Entre los hallazgos también se encontró que más de 3.100 indígenas de la región han sido desplazados.
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad tiene en sus manos un extenso informe en el que se revela, entre otras cosas, que la violencia y el conflicto armado en el departamento del Meta dejó más de 239 mil víctimas de desplazamiento forzado.
El informe, llamado “Voces de las víctimas: Una aproximación a la realidad del desplazamiento forzado ocurrido en la inspección de Puerto Toledo, municipio de Puerto Rico, Meta, en el periodo 2005 a 2018”, fue elaborado por el Observatorio del Territorio de la Universidad de los Llanos y la Fundación por la Defensa de DD.HH. y Derecho Internacional Humanitario en el Oriente y Centro de Colombia (DHOC), y contó con el apoyo de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento (CODHES).
El objetivo del estudio, que fue presentado en medio de un foro virtual, es el de aportar al esclarecimiento de la verdad sobre el desplazamiento forzado ocurrido en la inspección de Puerto Toledo, en el municipio de Puerto Rico, Meta, durante el periodo comprendido entre 2005–2018, a través de las voces de las víctimas ubicadas en el sitio de ocurrencia de los hechos y en el municipio de Villavicencio, Meta.
Los autores del informe señalaron que para la elaboración de este se realizó un acercamiento con la población que fue víctima de desplazamiento forzado en Puerto Toledo, municipio de Puerto Rico, Meta, y Villavicencio, a través de técnicas participativas y entrevistas semiestructuradas.
El estudio también describe cómo, entre los años 1984 y 2018, de los 28 municipios que integran el departamento del Meta, fueron desplazadas 239.638 personas producto de la violencia del conflicto armado, la mayoría en edades entre los 29 a 60 años. Así mismo señala que durante el periodo analizado más de 3.100 indígenas fueron víctimas de desplazamiento forzado, así como más de 5.000 afrodescendientes, 1.000 gitanos, 147 raizales y 15 palenqueros.
La mayoría de las víctimas del desplazamiento forzado han sido mujeres, con una cifra cercana a las 121.000. Por su parte, los hombres reportados equivalen a más de 118.000, mientras que se identificaron 113 casos, aproximadamente, de miembros de la comunidad LGBTI, y más de 9.000 personas con alguna condición en situación de discapacidad.
El informe también revela que en la zona prevalecieron por muchos años las grandes extensiones de cultivos de coca, la presencia marcada de las FARC-EP, la ausencia estatal, la victimización y estigmatización de la población por parte de distintos grupos armados, las amenazas y agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos y el empobrecimiento de la población frente a la falta de alternativas sociales y económicas para la sustitución de los cultivos de uso ilícito.
“Una de las características de esta economía ilícita y de la región de Puerto Toledo en general era la estigmatización hacia la población civil por vivir y trabajar en esta región. Las personas por habitar y desarrollar alguna actividad económica en Puerto Toledo eran relacionadas con la guerrilla. Por tal motivo, eran víctimas de amenazas constantes por parte de los grupos paramilitares”, se lee en un aparte del informe.
En relación al reclutamiento forzado de menores de edad, el informe señala que en esta región los miembros de las FARC no obligaban a los niños y niñas a ser parte de sus filas, pero sí los manipulaban aprovechando las situaciones de desprotección, pobreza, falta de estudio y oportunidades, para persuadirlos a tomar la decisión de hacer parte de la guerrilla.
El informe completo puede descargarse a través de la página www.contribucionesalaverdad.com
Fuente de redaccion: Esclarecimiento de la Verdad