• Alianza In, gremio que reúne a las diferentes empresas de plataformas tecnológicas de movilidad, a través de la Firma Robledo Abogados, denuncia persecución del Gobierno Nacional contra las plataformas de movilidad.
• Para enfrentar esa indebida y sistemática persecución del Gobierno Nacional, Alianza In ha adoptado la decisión de instaurar diversas acciones legales por intermedio de la Firma Robledo Abogados, que empiezan con demandar la Circular No. 015 de 2020 expedida por el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón, con la que pretende obligar a los alcaldes a perseguir y sancionar a las empresas de tecnología, a los ciudadanos y a los conductores de los vehículos de transporte privado utilizados.
• Resulta paradójico que, ante los problemas de movilidad y empleo del país, el Gobierno Nacional haya emprendido una persecución, sistemática e ilegal contra las empresas de tecnología en vez de promover su presencia en el mercado, pues ellas generan ingresos económicos a más de 200.000 hogares en los que viven alrededor de 750.000 colombianos.
• Defender el derecho de elección de los ciudadanos para acceder a más y mejores servicios en un ambiente de mejor y más libre competencia en el mercado es un propósito común de Alianza In y Robledo Abogados.
Bogotá, D.C. agosto de 2021. La Firma Robledo Abogados, en representación de Alianza In, denuncia persecución sistemática del Gobierno Nacional en contra de sus afiliados, así como de los usuarios y conductores que prestan servicios de movilidad privada a través de diversas plataformas tecnológicas.
Ante esta persecución que se materializa en distintas actuaciones del Gobierno Nacional, Robledo Abogados presentó demanda ante el Consejo de Estado contra la Superintendencia de Transporte para que esa máxima autoridad judicial declare la nulidad de la Circular No. 15 de 2020.
Con esta Circular, el actual Superintendente Camilo Pabón pretende, de manera ilegal, obligar a que las distintas autoridades de tránsito de las alcaldías interpreten que usuarios, conductores y plataformas tecnológicas de movilidad violan la ley y deban ser sancionados, cuando lo cierto es que su actividad es totalmente lícita pues se trata de la prestación de servicios de movilidad privada entre un ciudadano que requiere movilizarse y un particular con carro particular que está dispuesto a movilizarlo.
“La Circular No. 015 de 2020 hace parte de una serie de actuaciones del Gobierno Nacional, que junto con diferentes decisiones sancionatorias que se han impuesto contra las plataformas tecnológicas de movilidad, buscan proteger el interés particular del gremio de taxistas, desconociendo el derecho de los usuarios pasajeros a elegir libremente cómo movilizarse, el derecho al trabajo de los conductores, la libre competencia, la innovación tecnológica y la inversión nacional y extranjera” afirmó Pablo Felipe Robledo, socio de Robledo Abogados.
En ejecución de esta estrategia de persecución sistemática contra las plataformas tecnológicas de movilidad, sus usuarios y afiliados; la Superintendencia de Transporte expidió la Circular No. 015 de 2020, con el fin de obligar a las entidades territoriales, sin ser competente para ello, a iniciar actuaciones administrativas sancionatorias contra las plataformas de movilidad, los usuarios y conductores so pena de imponer a dichas autoridades y sus representantes sanciones económicas. En otras palabras, la Superintendencia, amenaza a las autoridades municipales con investigarlas y sancionarlas si no inician acciones sancionatorias contra plataformas de movilidad, usuarios y conductores.
La circular viola los derechos de los consumidores, la libre competencia económica, el principio de moralidad administrativa, el principio de autonomía de las entidades territoriales y fija interpretaciones caprichosas de lo que debe entenderse por transporte público y privado, tratando de extender la regulación del transporte público creada en 1993, a nuevos tipos de movilidad colaborativa que ni siquiera existían para esa fecha.
Estas acciones instauradas a través de Robledo Abogados pretenden proteger la libertad de elección de los ciudadanos, el acceso a más y mejores servicios de movilidad, el desarrollo tecnológico e ingresos económicos para el sustento de más de 200.000 hogares en los que viven alrededor de 750.000 colombianos que hacen parte de esta economía digital colaborativa.
Fuente de redaccion robledoabogados.com