Bogotá, enero de 2021 – La Ley de Seguridad Ciudadana, que, entre otras, hace reformas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Código de Extinción de Dominio y también regula las armas, elementos y dispositivos menos letales, ha generado una gran preocupación entre los expertos, que consideran que los efectos a corto y largo plazo de esta ley en el país pueden ser mortales.
De acuerdo con Beatriz Molina, counsel y experta en el de Derecho Penal de CMS Rodríguez-Azuero, en primer lugar, esta ley contribuye aún más a la “sobreproducción legislativa” en materia penal, en donde todos los años el Congreso de la República expide decenas de leyes que modifican el Código Penal, casi siempre, buscando aumentar las penas o crear delitos nuevos.
En segundo lugar, esta ley busca que las autoridades tengan más herramientas para garantizar el orden público y proteger los derechos de la ciudadanía que se ve afectada por las conductas vandálicas desarrolladas durante las protestas. Sin embargo, para Molina, “si bien esta ley busca tener un efecto favorable para la seguridad ciudadana, puede terminar ocurriendo lo contrario, pues al disponer de normas como la legítima defensa privilegiada, los enfrentamientos entre ciudadanos se pueden tornar más violentos y fatales”, aseguró.
Por otro lado, hay que considerar que el futuro de esta ley está en entredicho, pues es probable que muchas de sus disposiciones sean declararadas inconstitucionales, debido a que los cambios propuestos son poco positivos o insuficientes para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
“Incluso, esta Ley terminaría agravando el estado de hacinamiento en las cárceles, generando menos oportunidades de resocialización, mayor desigualdad y problemas sociales cuando los condenados salgan de prisión, desconociendo los principios propios del modelo de Estado Social de derecho y va en contravía del Plan Nacional de Política Criminal 2021-2025, en donde se hace énfasis en la resocialización como fin esencial de las penas”, explicó la experta.
Así las cosas, bajo el criterio de Molina la solución no es aumentar las penas, ni imponer medidas de aseguramiento cada vez que alguien cometa un delito, sino que el Estado debe concentrarse en crear políticas públicas que realmente sean eficaces para prevenir la criminalidad; políticas que deben ser enfocadas en la educación, como uno de los fines sociales del Estado, es decir que al ciudadano hay que enseñarle desde su infancia la ley y por lo tanto el respeto a la misma y a las autoridades que deben hacerla cumplir.
“Una opción que sí contribuiría a la resocialización es la imposición de penas alternativas para delitos como los que trata el presente proyecto de ley, en los que se dé lugar a reparar el tejido social quebrantado por medio de acciones como el trabajo comunitario”, dijo.
Además, resaltó que las penas privativas de la libertad en Centros Carcelarios, deja la puerta abierta para que una vez la persona haya cumplido su pena reincida por falta de oportunidades laborales y por las condiciones a las que estuvo sometido durante su tiempo en prisión. En cambio, “las penas alternativas que retribuyan a la sociedad el daño cometido pueden resultar más beneficiosas para la comunidad y menos intrusivas a la dignidad humana de los condenados”, concluyó.
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