Bogotá, enero 17 de 2022. La infraestructura es reconocida como la base del desarrollo social y económico, así como un factor determinante para la competitividad y el crecimiento incluyente; sin embargo, en la última década países como Colombia han entendido además que la inversión en infraestructura no puede limitarse a un simple aumento del gasto público sino que debe ser determinada por la sostenibilidad, entendida no solo desde su comprensión tradicional y un enfoque ambiental y social, sino también institucional y financiero.
De acuerdo con la asociada senior de Mendoza y experta en temas de infraestructura y financiación de proyectos de infraestructura, Clara Robledo Sánchez, “la sostenibilidad se ha convertido en una necesidad esencial en la planeación del desarrollo de la infraestructura como consecuencia del reconocimiento de que la construcción y operación de infraestructura es fuente de alrededor del 70% de emisiones de gases de efecto invernadero, impacta directa e indirectamente la biodiversidad y los ecosistemas, a menudo ocasiona exclusión y/o desplazamiento de segmentos sociales y su financiación es un factor que puede llevar a deuda insostenible”.
Por tal razón toma trascendencia el Documento CONPES 4060, cuyo objetivo es establecer los lineamientos de política pública para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte sostenible aplicable a las Concesiones 5G, publicado el 29 de noviembre de 2021 por el Departamento Nacional de Planeación - DNP.
Esta política tendrá un horizonte de aplicación de 10 años y busca atender a cada uno de los pilares de desarrollo de infraestructura sostenible identificados internacionalmente: ambiental, social, financiera e institucional; sumándole un quinto pilar: intermodalidad, el cual busca brindar un enfoque transversal que reconozca la necesidad de contar con diferentes medios de transporte interconectados de manera eficiente, para poder tener una infraestructura que cumpla con objetivos tanto funcionales como de sostenibilidad.
Adicionalmente, el DNP en el Documento CONPES 4060 realizó un diagnóstico sobre los modelos de concesiones pasados y preparó una serie de recomendaciones para la política institucional de aquellas entidades a cargo de la estructuración, gestión y monitoreo de proyectos de infraestructura de transporte que busca enfrentar los siguientes retos en el marco de la adjudicación y ejecución de las Concesiones de Quinta Generación - 5G bajo una perspectiva de sostenibilidad:
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impacto de la infraestructura de transporte a los ecosistemas y cambio climático;
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conflictos sociales durante las diferentes etapas de los proyectos de infraestructura;
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ausencia de mecanismos innovadores de financiación y limitaciones en fuentes de pago;
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limitaciones en materia de gobernabilidad institucional; y
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déficit en el desarrollo intermodal.
Como solución a los retos ambientales, el DNP propone establecer incentivos a los desarrolladores y financiadores de proyectos para implementar buenas prácticas en sostenibilidad ambiental, los cuales deberán ser incluidos en los contratos de concesión y la evaluación de herramientas y metodologías para la valoración económica de bienes no mercadeables.
A su vez, como alternativa para impulsar la sostenibilidad social se propone que la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI defina el alcance de las intervenciones sociales para las Concesiones 5G, implementado mecanismos diferentes a la consulta previa que faciliten el relacionamiento con la comunidad y la involucre en el desarrollo del proyecto en todas sus etapas. Igualmente, se propone fortalecer la oferta de bienes y servicios públicos locales en las zonas de proyectos de concesión y establecer un enfoque de género en los cargos directivos y operativos generados por los proyectos.
En particular, con respecto a la sostenibilidad financiera, el documento distingue dos facetas: fuentes de pago y fuentes de financiación. Con respecto a la primera, se resalta que las fuentes de pago tradicionales (tales como peajes, explotación comercial y vigencias futuras) son insuficientes para atender las necesidades de inversión; y con respecto a las fuentes de financiación, se destaca la ausencia de mecanismos de financiación sostenible y la limitada capacidad de la banca local y el mercado de capitales colombiano para financiar la inversión en infraestructura.
En ese sentido, la especialista de Mendoza advierte que “la banca internacional y, especialmente, las entidades multilaterales financieras jugarán un rol fundamental en la financiación de infraestructura sostenible en Colombia y dentro de las fuentes de pago de los proyectos se debe buscar mecanismos que incentiven a estas entidades a participar en el proyecto en términos de sostenibilidad financiera para estos, incluso en el marco de coyunturas macroeconómicas como la actual devaluación de la moneda colombiana”.
En relación con la sostenibilidad institucional, el diagnóstico de sostenibilidad institucional que realiza el DNP en el Documento CONPES 4060 concluye que existe una limitada capacidad administrativa, institucional y de coordinación de las entidades estatales a cargo de proyectos de infraestructura, especialmente la ANI.
Adicionalmente, se identificó que las acciones de las distintas autoridades suelen no estar coordinadas entre sí, lo que genera retrasos e ineficiencias en los proyectos. Por lo anterior, este año la ANI deberá implementar estándares de gobierno corporativo, siguiendo los estándares de la OCDE en materia de gobernabilidad y transparencia, con el fin de mejorar sus procesos internos de planeación, diseño, adjudicación y monitoreo de proyectos de infraestructura realmente sostenibles que permitan garantizar la memoria institucional y la gestión de riesgos.
Finalmente, el DNP enfatiza que la inversión intermodal es clave para lograr un esquema de infraestructura sostenible a nivel nacional. La intermodalidad reduce el impacto ambiental y reduce tiempos y costos. De acuerdo con el Documento CONPES 3982 de 2020, los proyectos de navegabilidad del Río Magdalena y el Canal del Dique de Cartagena reducirían costos logísticos en hasta un 50%. Asimismo, el desarrollo de proyectos férreos y de conectividad aérea es igualmente importante porque impulsan notoriamente la competitividad.
“En respuesta a lo anterior, el DNP busca impulsar la intermodalidad a partir del año 2022 mediante mejoras en financiación de proyectos férreos y aeroportuarios, así como presentar un documento técnico con alternativas jurídicas que faciliten la aplicación del concepto de unidades funcionales a los proyectos aeroportuarios que faciliten la liberación de recursos de una manera gradual y su financiación”, concluye Clara Robledo Sánchez.