El oso Chucho nació en la reserva natural La Planada, en Nariño, en condiciones de semicautiverio, pero cuatro años después fue donado, junto a su hermana, a la reserva del Río Blanco en Manizales, con el objetivo de iniciar allí un programa de repoblamiento del oso de anteojos, sin embargo, no fue posible su reproducción por temas genéticos. Tiempo después su hermana murió y el oso Chucho, de acuerdo a los veterinarios, se convirtió en un oso pasivo y con sobrepeso.
En el 2017 por decisión de Corpocaldas, el oso Chucho fue donado a la Fundación Zoológica y Botánica de Barranquilla, donde permanece en cautiverio, allí se encuentra una osa andina que recientemente había perdido a su pareja. Ante esta decisión, sus defensores impusieron un habeas corpus, que un mecanismo judicial que pretende la defensa de quienes estén siendo privados injustamente de su libertad, como es el caso de este oso.
Como resultado, el magistrado Luis Armando Tolosa de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, le concedió al oso este derecho, una sentencia histórica, ya que consideró que los animales son seres no humanos, titulares de derechos, por lo cual se debe superar la visión antropocéntrica en la que se considera que es únicamente el hombre quien tiene esas garantías y está por encima del medioambiente.
Sin embargo, la Sala Laboral tumbó el habeas corpus considerando que no era la vía adecuada para solicitar la libertad de Chucho, ya que este instrumento, debe utilizarse para defender los derechos de los humanos y no de los animales. Desde entonces, Chucho abrió un debate que se trasladó a la Corte Constitucional, que eligió la acción de tutela para revisión.
El 8 de agosto de este año, la Corte Constitucional escuchó en audiencia pública a diversas personas del sector gubernamental, académicos y científicos veterinarios, con el fin de determinar la situación de Chucho y la posibilidad de declararlo sujeto de derechos. Sin embargo, la acción de tutela que impidió la materialización del habeas corpus de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, aún está por resolverse.
Luis Domingo Gómez, profesor de la Universidad La Gran Colombia y abogado defensor de Chucho, afirma que, “la importancia de este caso en Colombia tiene un marco legal en la Ley 1774 que reconoce a los animales como seres sintientes, y se establecen los principios para protegerlos”, por lo cual, se espera que la Corte Constitucional responda siendo consecuente con lo anterior.
“Esperamos que teniendo en cuenta ese marco legal y como telón de fondo: la Constitución, la corte se atreva a decir de manera directa que los animales son sujetos de derechos, definirlos como tal y señale cuáles son específicamente en el sistema jurídico colombiano y los mecanismos constitucionales idóneos para defenderlos”, dijo el profesor Luis Domingo.
Además, Gómez resaltó que este caso debe generar transformaciones profundas en cuanto a la relación entre humanos y animales para reforzar los buenos tratos con respecto a otras especies, “es ideal que la decisión de la Corte Constitucional permita entender de mejor manera la relación entre animales no racionales y los humanos, y que sirva para proteger a muchos animales que se encuentran en peligro de extinción”, expresó. Este caso, además plantea cuestiones éticas importantes para tener en cuenta en un contexto como el colombiano, el segundo más diverso del mundo.
Por: Redacción Luis Domingo Gómez.