El Ministro TIC solicitó de manera respetuosa tener en consideración varios argumentos que dan razón de porqué el acto administrativo no se puede sancionar, algunos de ellos apuntan a que la facultad de creación de los impuestos está en cabeza única y exclusivamente del legislador (principio de reserva legal y legalidad tributaria) y el Congreso de la República no ha creado dicho tributo y mal hace el Concejo Municipal en crearlo y exigir su cobro. Señala en su comunicación el Ministro Luna que el mismo error se cometió en años pasados por el Concejo de Santiago de Cali, acuerdo que dejó sin efecto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Otra de las consideraciones hace referencia a que “un impuesto de esta naturaleza desincentivaría el acceso y uso de los servicios de telefonía y generaría una carga irrazonable a los usuarios de dichos servicios, generando una barrera en el acceso a la tecnología en dicha circunscripción.
Adicionalmente, es pertinente señalar que una medida de esta naturaleza resulta contraria a las políticas que desde el Gobierno Nacional se vienen promoviendo en aras de lograr una mejora en la competitividad del país, continuar avanzando en la reducción del desempleo y consolidar una nación más y mejor educada”.
También menciona que dichas consideraciones las hace el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el ejercicio de sus facultades legales y constitucionales, teniendo como misión principal promover el acceso, uso efectivo y apropiación masiva de las TIC a través del plan Vive Digital para la gente y de esa manera impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector promoviendo la investigación y la inversión, buscando su competitividad y contribuir al desarrollo económico, social y político de la Nación así como fortalecer el bienestar de todos los colombianos.
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